En un movimiento histórico para el sistema de justicia penal en México, este mes de abril de 2026 marca un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género. La reciente iniciativa enviada al Senado para expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio busca finalmente resolver uno de los mayores obstáculos procesales: la disparidad de criterios entre las 32 entidades federativas.
¿Por qué es necesaria una Ley General?
Hasta hoy, el feminicidio se ha castigado de forma desigual dependiendo del estado donde ocurra el crimen. Esto ha provocado que delitos con las mismas características sean clasificados de forma distinta, afectando la estadística criminal y, lo más grave, el acceso a la justicia para las víctimas.
La propuesta, impulsada desde el Ejecutivo y respaldada por diversos sectores del Congreso, contempla:
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Homologación del tipo penal: Una definición única que aplicará en todo el territorio nacional.
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Penas de hasta 70 años: Se establecen sanciones severas y uniformes, eliminando la posibilidad de que un estado castigue menos que otro.
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21 Agravantes específicas: Se incluyen criterios detallados que incrementan la condena, como el uso de sustancias químicas o la relación de confianza entre agresor y víctima.
El reto constitucional: El Artículo 73
Para que esta ley sea una realidad, el Congreso se encuentra en proceso de modificar la fracción XXI del artículo 73 constitucional. Esta reforma es el “candado” jurídico que permitirá al Congreso de la Unión tener la facultad de legislar en esta materia específica, de forma similar a como sucedió con el secuestro o la trata de personas.
“Esta reforma no solo unifica la pena, sino que obliga a las fiscalías estatales a seguir protocolos de investigación técnica y científica sin excusas de presupuesto o jurisdicción”, señalan especialistas en la materia.
Conclusión
El 2026 se perfila como el año de la consolidación de un “Derecho Penal Nacional”. La transición hacia leyes generales en delitos de alto impacto social sugiere que México camina hacia un sistema donde la geografía no determine la calidad de la justicia.
¿Eres abogado o estudiante? Déjanos tu opinión en los comentarios: ¿Consideras que una Ley General es suficiente para reducir la impunidad, o el problema reside únicamente en la operación de las fiscalías?